GACETILLA DE PRENSA:

LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA POPULAR POR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNAS DE BUENOS AIRES

El lunes 10 de Agosto de 2009, a un año del incumplimiento de la realización de las primeras elecciones de las Juntas Comunales, el Espacio Intercomunal Comunas Ya realizó el lanzamiento público de la Campaña de Difusión e Iniciativa Popular por el funcionamiento de las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires.

El acto se efectuó a las 18 horas en el Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña, contando con la presencia de vecinos de todas las comunas, legisladores actuales y elegidos en las últimas elecciones y representantes de distintas fuerzas políticas que apoyan la Iniciativa.
Durante el mismo se procedió a la firma de la Declaración por las Comunas de Buenos Aires por los vecinos y los siguientes partidos y alianzas políticas: Coalición Cívica, Movimiento Proyecto Sur, Partido Solidario, Democracia Cristiana, Frente Progresista y Popular/Diálogo por Buenos Aires, Partido Humanista, Frente Grande y Espacio Abierto por Buenos Aires.

Presentaron la Iniciativa Popular el Ing. Julio Gares, el Doctor Néstor Scorofit, el Sociologo Carlos Wilkinson, el Contador Carlos Polsky, el Arquitecto - Urbanista Pompeyo Ramos-Marrau, y el Ingeniero Agronomo Ismael Reaño. Todos miembros del Espacio Intercomunal y vecinos de las comunas 5, 12, 13, 14 y 15. Finalizando la jornanda hablaron el consejal por la Coalición Civica, Sergio Abrebaya y el consejal electo por Movimiento Proyecto Sur, Rafael Gentilli.

El sábado 22 de agosto la Iniciativa Popular comenzará con la difusión y recolección de firmas en toda la ciudad de Buenos Aires - en cada una de las 15 comunas -

Contacto:

e-mail: Intercomunas@ yahoo.com. ar
comunicacion.intercomunal@ymail.com
tel: 4551 7485 - 1565 917418

LEGISLATURA: OTRA SESIÓN CAIDA

jueves, 26 de marzo de 2009,

Publicación: : Politica

Y VAN...

Legislatura: otra sesión caída.

Por falta de quórum, la sesión ordinaria de este jueves 26 de marzo no pudo comenzar. El temario incluía una veintena de despachos sobre tablas y la ampliación del procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial a toda la Ciudad, que consiguió despacharse de la Comisión de Planeamiento Urbano esta misma tarde.

La discusión por las becas estudiantiles, un despacho que no figuraba en el temario pero que pretendía introducirse, parece haber sido el detonante.Por María José Pérez Insúa Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pegaron el faltazo y la sesión ordinaria de este jueves 26 de marzo no vio la luz.

En realidad, los legisladores porteños no bajaron al recinto por, entre otras razones personales, no encontrar el consenso necesario para aprobar el proyecto del PRO que propone la extensión del plazo de inscripción de las becas estudiantiles.

Según circulaban versiones en los pasillos, el bloque oficialista pretendía introducirse este proyecto para su tratamiento en la sesión de hoy pero el kirchnerismo habría planteado una serie de observaciones en las que el PRO no estaría dispuesto a ceder.

Y, por otro lado, aunque la Comisión de Planeamiento Urbano emitió un despacho de mayoría sobre el proyecto de ampliar el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) establecido en la Ley 2.548 a toda la Ciudad, esto parece no haber sido suficiente excusa para sentarse en las bancas.

En el temario figuraban proyectos como: realizar gestiones para la instalación de rampas para discapacitados en el barrio Gral. Savio 1 y 2; pedir informes referidos a obras dispuestas para la calle Arguibel; declarar de interés social al "IV Encuentro nacional de jueces de ejecución penal"; declarar de interés cultural al seminario “Desarrollo político, económico y social desde una visión de género”; pedir informes sobre diversos puntos referidos a la Asociación Civil Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Telmo y Puerto Madero; pedir informes sobre diversos puntos relacionados con la puesta en marcha de la Policía Metropolitana; colocar una placa recordatoria en homenaje al 120º aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Metodista de La Boca; y, declarar “Huésped de honor” a la doctora Ciencias de la Educación Gaby Fujimoto Gómez, entre otros temas.

Con esta sesión caída serían tres semanas sin sesiones ordinarias ya que los próximos dos jueves son días feriados, sin embargo fuentes legislativas estiman que es muy probable que el vicepresidente primero de la Legislatura Diego Santilli convoque a una sesión extraordinaria.

PALOS EN LA RUEDA

Sábado, 21 de Marzo de 2009
Palos en la rueda
Los lobbistas de la construcción hicieron otro intento por frenar la ley de patrimonio, que se debe votar este jueves. Usaron a su funcionaria favorita, Bárbara Rosen, pero no les funcionó muy bien.

Por Sergio Kiernan

La ley 2548, que puede fundar por fin un régimen que proteja en serio el patrimonio porteño, sigue en temario para ser votada este jueves 26. Y eso que tuvo que pasar por una situación más que preocupante el martes pasado, cuando se reunieron los asesores de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que dirige la lobbista Bárbara Rosen.

Fue un festival de desubiques, falsos argumentos e intentos de sabotaje que salvó la presidenta de la comisión, la diputada Silvina Pedreira (FpV), que garantiza que el proyecto sale sin trabas. Es más, Pedreira se está apurando a preparar la reunión de diputados para que todo salga bien, se vote a tiempo y no sea bloqueado por intereses comerciales.
Lo que va a votarse este jueves es una ampliación en el tiempo y el espacio de una ley ya “procesada” dos veces. La 2548 pasó por comisiones, recibió despachos y fue votada en diciembre de 2007.

En diciembre de 2008 fue ampliada por un año pero afectando el mismo espacio urbano. Este espacio era el bodrio del Paisaje Cultural que Ibarra/Telerman quisieron venderle a la Unesco como tesoro de la humanidad y que terminó en bochorno internacional. Pero como el espacio tenía alguna que otra entidad legal, se lo usó para preservar el patrimonio.
Esto se hizo con gran simplicidad, invirtiendo el barroco trámite actual. Quien quiera demoler una casa antigua fuera del perímetro no tiene más que pasar por ventanilla por el Mercado del Plata y hacer un trámite normal. No importa si es la última casa chorizo, un palacete francés o la pulpería sobreviviente: no hay inhibición alguna.

Pero el que quiera preservar un edificio se mete en un camino espinoso, donde tiene que documentar la casa, buscarle un padrino legislador, empujar el tema por comisiones y llevarlo al voto de la Legislatura. Y entonces tiene que volver a empezar todo de nuevo. Esto se llama “doble lectura” y es evidente que fue inventado para proteger poco y nada.

La 2548 es más simple. Todos los edificios erigidos hasta 1940 inclusive están en principio inhibidos. El que quiere demoler uno pasa por la misma ventanilla de siempre y presenta el mismo trámite. Pero el funcionario avisa que hay que consultar al Consejo Asesor en Asuntos de Patrimonio, el CAAP.

El Ejecutivo tiene que mandarle el trámite al Consejo rápidamente y el CAAP tiene que expedirse igual de rápido. Si el edificio es demolible, la carpeta vuelve al Mercado del Plata y no hablemos más. Si es protegible, la carpeta va a la Legislatura, que decide si se cataloga o no.

Los lobbies de las constructoras y de los grandes estudios pusieron el grito en el cielo y anunciaron desempleo, quiebras y catástrofes, con el Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas al máximo volumen. Con más de un año de funcionamiento de la ley en el Paisaje Urbano, queda en claro que no llovieron sapos y no nos comieron las langostas, excepto las que llegaron de Wall Street. Pero los lobbies continúan.

A fines de 2008, el Ejecutivo sorprendió a propios y ajenos al proponer que se extendiera el nuevo régimen por dos años y a toda la ciudad, idea que se materializó en un proyecto de Patricio Distéfano (PRO), en un comunicado de prensa de Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano (y de inventarle opositores al gobierno porteño) y hasta del subsecretario Héctor Lostri.

En el debate, varios bloques defendieron al máximo nivel el proyecto y el oficialismo explicó que el mismo Mauricio Macri lo defiende. La ampliación –en rigor, una modificación a una ley vigente– pasó volando por la Comisión de Cultura que preside Inés Urdapilleta (FpV) y por la de Patrimonio que dirige Teresa de Anchorena (CC). Faltaba Planeamiento.

Y ahí entra Bárbara Rosen, directora de la comisión, de profesión lobbista del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de los que se oponen a la preservación del patrimonio. Este martes, día de San Patricio, Rosen arranca el tratamiento del tema dándole la palabra a una funcionaria del CPAU, el consejo profesional que debería representar toda la matrícula, pero es vocero de los grandes estudios. La funcionaria dice que el CPAU se opuso hasta por escrito, con una carta a Gabriela Michetti repitiendo sus lúgubres predicciones. Esto resulta rarísimo, ya que el CPAU no dijo lo mismo cuando los consultaron desde Cultura: se ve que saben con quién sí se puede hablar claro.

La funcionaria del CPAU agregó otro sofismo, diciendo que no se puede preservar si antes no está listo el “modelo territorial del Plan Urbano Ambiental”. Esto es uno de los temas favoritos de Rosen, que insiste en que el Consejo que asesora sobre ese Plan tiene alguna entidad, como si los hubieran votado los ciudadanos, y quiere que opine sobre temas patrimoniales. Rosen no contestó cuando otro asesor señaló que, si es por el Plan, también habría que congelar las demoliciones hasta que se apruebe el “modelo territorial”.

La siguiente persona invitada por Rosen se presentó como “una vecina de Parque Chas” que se oponía a la ampliación porque se creaban “problemas administrativos”. Con tino, los presentes le explicaron que la Legislatura no puede atender problemas administrativos, que son creados y solucionados por el Ejecutivo. Amablemente, le sugirieron que fuera, justamente, al Mercado del Plata a quejarse.

El asesor de Distéfano defendió con corrección el proyecto de su diputado, lo que generó una discusión abierta con Rosen. La directora dijo que “no existía” un régimen semejante en ninguna parte del mundo, una muestra de ignorancia llamativa en una funcionaria de ese rango. Facundo de Almeida, asesor de Anchorena, le explicó que en Río de Janeiro, en San Pablo y en Rosario, para no irse a Europa, existen hace años sistemas todavía más rigurosos.


Rosen se defendía diciendo que hay que debatir los proyectos, con lo que Almeida le recordó que la 2548 no es un proyecto sino una ley con más de un año en los libros y que estaban hablando de una ampliación. El asesor de Diálogo por Buenos Aires interrumpió diciendo que su bloque apoya “con entusiasmo” la idea, y lo mismo hicieron los otros bloques. La lobbista debía sentirse ya incómoda, porque atinó a decir en un momento que no entendía por qué había “tanto apuro”, frase despistada dado que hace 15 meses que rige la ley.

Carlos Susini Burmester, que representa en temas de patrimonio a la Sociedad Central de Arquitectos, intervino entonces con su precisión habitual. Lo que explicó Susini es que el tema de fondo es administrativo y de marco legal, no de patrimonio sí o patrimonio no. En este momento, con la 2548 como está, la ciudad tiene dos sistemas diferentes para atender una misma cuestión. Eso crea una desigualdad ante la ley que resulta insalvable, sobre todo porque el Paisaje Cultural ya no existe como objeto legal. Por eso, no hace falta meter por la ventana el Plan Urbano Ambiental ni discutir sobre las conveniencias o ideas neoliberales del CPAU.
Rosen, poco acostumbrada al rigor, no supo qué contestar.

La que sí supo y sin demoras fue la presidenta de la comisión, Silvia Pedreira, que explicó a m2 que no tiene “ningún problema” con la 2548, que piensa firmar el despacho sin demoras y que no comparte en absoluto los desvelos de la directora de su comisión. De hecho, Pedreira notó que este martes es feriado y no se reúne la comisión, con lo que está haciendo llamados personalmente para coordinar agendas y reunirla de modo excepcional el miércoles. Pedreira quiere que la ley se vote y que salga de una vez.

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Crecen los desalojos de edificios ocupados: hay más de uno diario

En los primeros ocho meses del año hubo 253, y hay pendientes 157 que afectarán a 1.700 familias.

Dicen que es por la suba de las propiedades, la crisis habitacional y la aceleración de los juicios. En la Comuna prometen subir los subsidios.

Por: Nicolás Pizzi

Testimonios de los ocupantes de dos hoteles, en México al 900 y al 2200.
Por Nicolás Pizzi y Horacio Bilbao.

El aumento del valor de las propiedades sumado a la crisis habitacional en la Ciudad y a los cambios recientes en la Justicia –que permitieron agilizar la mayoría de los procesos– tienen sus consecuencias inevitables. Según estadísticas oficiales a las que accedió Clarín, está previsto más de un desalojo por día en lo que resta del año (157 en 120 días), lo que afectará a unas 1.700 familias.

El ritmo va en aumento respecto de 2007 y no cede: ya se hicieron 253 procedimientos durante los primeros ocho meses de 2008.Salvo casos especiales, como el que ocurrió en febrero en Bolívar y Moreno, a metros del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde la Policía apeló a un gran despliegue de efectivos, la mayoría de los desalojos se llevan a cabo de manera silenciosa. Así ocurrió el miércoles pasado en San Juan y Matheu en una casona antigua con unas 40 familias. Lo mismo sucederá en los próximos días en un inmueble de Loyola y Juan B. Justo.

"Presentamos todos los recursos posibles y estamos intentando negociar con el propietario", cuenta una delegada de la Coordinadora de Inquilinos (CIBA), una organización social que asesora a personas que viven en casas u hoteles tomados.Cuando el dueño tiene una cara visible, como en ese caso, el margen para "negociar" es estrecho. "Como mucho se puede conseguir un alquiler a un precio accesible. Otra posibilidad es que intervenga el Gobierno y les paguen un subsidio", dice la delegada.

Según el decreto 690, las familias que quedan en situación de calle pueden cobrar 450 pesos durante diez meses. "Es una miseria y además te lo sacan si no justificás los gastos con boletas", se quejan en la CIBA. En la Comuna responden que el 40% no cumple con los requisitos para acceder al beneficio, pero prometen un aumento. "El decreto 960/08 que aumenta a 7.000 mil pesos (en 10 cuotas de 700) el susbidio está a punto de ser reglamentado", dijo Roxana De Bonis, coordinadora de Asuntos Sociales de Desarrollo Social.El panorama es distinto cuando no aparece el propietario y la vivienda quedó a cargo de algún oportunista que la alquila.

Es el caso de un viejo hotel ubicado en México 950, a media cuadra de la 9 de Julio, donde viven unas 80 familias. "Acá había un hombre que decía ser el dueño y nos cobraba todos los meses precios irrazonables. Hace un año lo sacamos y comenzamos a autogestionar el hotel. Pagamos 120 pesos por pieza para los servicios básicos", cuenta Daniel Guillén, delegado de la Asamblea de San Telmo.Las estadísticas muestran un aumento del problema. Mientras que 7.780 personas recibieron subsidios por desalojo en todo 2007, sólo en el primer semestre de 2008 sumaron 4.772 los que accedieron a ese beneficio.

Según datos de la Defensoría porteña, que recoge información del Ministerio de Desarrollo Social, los procedimientos pendientes son 157, que sumados a los 253 realizados hasta el 1° de septiembre dan un total de 410 para todo el año. Aunque las organizaciones sociales denuncian "una decisión política" y coinciden en culpar al macrismo, muchos procesos fueron ordenados por los jueces nacionales (civiles y penales) y, a partir del 9 de junio, por los magistrados locales.

Ese día entró en vigencia el segundo convenio de transferencias de delitos penales firmado entre Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner en 2004. Entre los delitos transferidos a la Ciudad figura el de usurpación.

"El Código nuestro es más flexible y hoy el trámite no pasa de los diez días cuando antes podía llevar varios meses", explica el juez Daniel Vega, que tuvo a su cargo, a mediados de julio, dos desalojos masivos en Villa Lugano. Los procesos están a cargo de los fiscales. Aunque cada caso es distinto, existen varias pautas establecidas de antemano.

Según la resolución 121/08, firmada por el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, la "prioridad absoluta" es la protección de los niños y adolescentes que estén en el lugar. Además, recomienda realizar un censo previo al allanamiento y trabajar en conjunto con los organismos gubernamentales competentes.

Pese a las recomendaciones, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, pide "mayor responsabilidad" de los jueces. "Deben pedir el informe socio-ambiental y no siempre lo hacen", se queja. En muchos casos, además, el Gobierno no recibe la cédula judicial y no puede prevenir los efectos. "Si nos enteramos a tiempo, hacemos un relevamiento del lugar y ayudamos para que todo sea más prolijo.
Cuando nos avisan a último momento, tratamos de ubicar a la gente en hogares transitorios y analizar luego caso por caso", aseguran desde el Ministerio de Desarrollo Social. Pero el conflicto no termina con la restitución.

"El juicio sigue y puede terminar en una condena, en un juicio abreviado o en una probation", advierte el juez Ricardo Baldomar.A las modificaciones en el proceso judicial se le suma el aumento constante de las propiedades en Capital. Aunque lejos del boom de 2006, en barrios castigados por la ocupación como Constitución, La Boca, San Telmo o Monserrat los terrenos siguen siendo muy codiciados.

De hecho, es difícil conseguir departamentos por menos de 800 dólares el metro cuadrado. "En los últimos años llegaron muchos extranjeros a vivir y además se abrieron muchos hostels", cuenta Manuel Fernández, que lidera un grupo de vecinos de San Telmo.

"También hay un negocio inmobiliario: compran barato porque está ocupado y después se encargan de desalojar a las familias", describe Rubén Saboulard, presidente de la Asamblea Popular del mismo barrio.

Los juicios, en menos de 30 días

Desde que el delito de usurpación pasó a la Justicia porteña, los casos se resuelven más rápido que cuando estaba en manos de la Nación. Según datos de la Fiscalía General de la Ciudad a los que accedió Clarín, de las 210 causas que ingresaron desde el 9 de junio -cuando fue el traspaso-, el 75% se resolvió dentro de un mes y un 25% llevó más tiempo. Además, se recuperaron un total de 11 propiedades.

23 detenidos en Constitución

El jueves pasado se realizó en la Cámara del Crimen porteña una audiencia por el violento desalojo del hotel Carlos V, un conventillo del barrio de Constitución tomado por sus mismos inquilinos. El incidente terminó con 23 personas detenidas, de los cuales 7 son mujeres. Están procesados por los delitos de coacción agravada, resistencia a la autoridad y usurpación. En el lugar, ubicado en Bernardo de Irigoyen 1136, está previsto que se abra un hostel.


De la bonanza a la deuda social.
Por Germán Cervetto

La bonanza económica y el dólar favorable para el turismo tuvieron un costado positivo: impulsaron la revalorización de barrios como San Telmo, Constitución y otros donde las viejas casas ocupadas eran una postal.

Y también mostraron una cara más dura: ahora sus dueños quieren recuperarlas y la deuda social queda a la vista. Es cierto que operan algunas mafias con los alquileres para pobres, y es posible que algunos busquen sólo los subsidios estatales.

Sin embargo, un estudio de la UCA de mayo pasado mostró que el 60% de los menores de 17 años vive en hogares vulnerables y con mal acceso a la educación. Se estima que sólo en Capital hacen falta construir 50.000 viviendas, una cifra inalcanzable para los planes habitacionales oficiales. U

na de las funciones del Estado es la redistribución de lo que la sociedad produce. Debería incluir políticas serias para permitir un presente y futuro mejor para todos.

Miles de familias están volviendo a los comedores comunitarios

ES POR EL AUMENTO DE LA INFLACION Y EN PLENA POLEMICA POR LOS INDICES DEL COSTO DE VIDA

Sólo Cáritas está dando de comer a 600.000 personas por día en 4.000 centros comunitarios. Hay comedores que tienen el doble de gente que el año pasado. En la Red de Bancos de Alimentos la demanda es un 15% mayor que en 2007.

La discusión se tensa a diario. Mientras el INDEC dice que en el último año los precios de la canasta básica alimentaria cayeron el 0,7%, y que por ende bajó la pobreza y no hay indigentes, desde otros ámbitos dicen lo contrario: la Asociación Dirigentes de Empresas, por ejemplo, asegura que desde noviembre de 2007 a hoy los alimentos aumentaron el 30%, y hay consultoras que ya proyectan una inflación anual acumulada de 21%.

La inflación golpea a la clase media: subieron las cuotas de los colegios, el supermercado, comer afuera, viajar, comprar ropa. Pero los más golpeados en esta puja de precios son los pobres (para algunos, más de 10 millones; para el Gobierno, unos 7 millones), que volvieron a pedir ayuda.

Los comedores comunitarios están llenos otra vez, algunos con el doble de gente que el año pasado. No hay en el país estadísticas que muestren la cantidad de comedores populares, ni el número de personas que dependen de ellos para su alimentación diaria. La publicación Tercer Sector estimó que habría unos 25.000 en el país. El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) tiene inscriptos 2.224.

La Red Solidaria, que junto a especialistas de la Universidad de Buenos Aires está armando el "Mapa del Hambre", detectó 1.218, con un promedio de 150 personas en cada uno. Sólo Cáritas asiste diariamente a 600.000 personas en 4.000 centros comunitarios. "Siempre la inflación afecta de peor manera a los más desprotegidos. Sin dudas estamos mejor que en la crisis (de 2001/2), pero desde 2006 a hoy el deterioro es creciente. Todavía hay miles y miles de personas viviendo de planes sociales congelados.

Esa gente está mucho peor. Y no hablar de los trabajadores en negro, dependiendo de la buena voluntad de sus jefes", dice a Clarín el director de Cáritas, Gabriel Castelli. "En junio hicimos una encuesta que reveló que en los últimos meses se incrementó la cantidad de personas que van a las organizaciones en busca de asistencia alimentaria.

La mayor parte de los Bancos de Alimentos incrementaron en un 15% la cantidad de beneficiarios, así como también el número de organizaciones en lista de espera", contó a Clarín la presidenta de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, Clara Crespo. Sólo en 2007 distribuyeron más de 5 millones de kilos de alimentos, entre 1.000 organizaciones que alimentan a 130.000 personas en Buenos Aires, Córdoba, Goya, Jujuy, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Salta, Tandil, Tucumán, Valle de Uco, Virasoro.

Y hay bancos en formación en San Rafael, Chaco, Santiago, San Juan. Para Sergio Britos, nutricionista y director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), la demanda en los comedores comunitarios "creció exponencialmente": "El IPC (Indice de Precios al Consumidor) de los alimentos que aportan más calidad nutricional (carnes, aceites, lácteos, fruta, verduras) es lo que más subió desde mediados de 2005 a hoy.

En los hogares pobres no hay manera de comer bien. Todavía no estamos como en la crisis de 2002, pero estamos cerca". La Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin) asiste a 2.000 chicos en 20 centros repartidos por todo el país. "A la clase media le cuesta vivir con esta inflación, y teniendo en cuenta que el 40% de los argentinos vive bajo la línea de pobreza... sí, claro que aumentó la demanda de la gente.

Ojalá pudiéramos abrir más centros para responder a la demanda", dice Abel Albino, presidente de Conin y médico pediatra. Para Pedro Kramer, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el problema que se presenta ante el aumento de gente en los comedores es que se diluyen las raciones para repartir entre más personas, y así todos terminan comiendo mal: "No hay balance nutricional, y empieza la desnutrición oculta".

Desde el Estado niegan que haya mayor demanda en los comedores comunitarios a causa de la inflación y la suba de precios: "No, no está ocurriendo eso. No vemos esa problemática", dice a Clarín Carlos Castagneto, vice del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y da otras explicaciones: "Desde 2003 existe el Plan de Seguridad Alimentaria que alcanza a un millón y medio de familias y tiene un presupuesto de 882 millones de pesos.

El 70% de los convenios con las provincias es con la modalidad de tickets o tarjetas de compra. El monto mensual puede llegar a 250 o 300 pesos". Y sostienen a 1.700 comedores comunitarios, a los que asisten más de 150.000 personas.Carolina Stanley, directora de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno porteño, dice que asisten a 324 comedores con 34.000 raciones diarias de comida. El presupuesto anual: 27 millones de pesos, 2 pesos por ración...

Historia I
Las porciones son más chicasLos números son de lo más elocuentes: en la peor época de la crisis, es decir, en 2002, al Comedor Sol Naciente de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores iban unas 700 personas por cada turno de almuerzo, merienda y cena. Los comensales fueron bajando paulatinamente con el tiempo, hasta llegar a ser 300 por turno a comienzos de 2007. Pero la inflación y el aumento de precios volvieron a llevar gente al comedor, y ya hay 450 personas por turno.

"En un año aumentó otra vez en un 50% la cantidad de gente que viene a pedirnos comida", dice a Clarín Lidia Hernández, al frente de la Asociación Civil Sol Naciente, que además tiene un hogar de madres solteras. El comedor, enclavado en la villa más grande de la ciudad (se estima que allí viven unas 50.000 personas) recibe 180 raciones del Gobierno de la Ciudad, a las que le suma la comida que pueden comprar con aportes del PNUD.

"Igual no alcanza, y lo que tenemos que hacer es repartir las raciones entre toda la gente", dice Lidia. Y se queja de los precios: "Con el kilo de carne a 20 pesos es difícil comprar para tantas personas.

Y cuando se cocina para muchos la calidad debe ser buena. Cuando recibimos fideos de mala calidad y los metemos en las ollas gigantes que tenemos, se deshacen enseguida".

Imposible negarle el plato de comida a nadie. Pero eso repercute en el resto, que ve cómo se achican las porciones a diario. "Y se ve que a la gente también le está yendo mal, porque a nosotros nos ayudaban mucho, pero este año las donaciones bajaron un montón", dice Lidia.

La mujer cuenta que las propias familias se van turnando: el que va a almorzar no va a cenar, y así. "Todo se cayó. Todo está peor. No sé cómo vamos a hacer si la cosa sigue así", se lamenta Lidia. Esta semana recibió una nota de la Comuna: no podían mandarle carne. Mandaron salchichas.

Coincidencias
Sergio Danishewsky

La secuencia se repite con puntualidad una vez al mes: las consultoras entregan sus mediciones de la inflación, el INDEC ofrece las propias sin que se le mueva un pelo y el hombre que lee diarios siente una mezcla de resignación y hastío. Es curioso: ajenos a esa serie de noticias a esta altura hilarantes, hay millones de compatriotas, cada vez más, que no tienen la menor idea de qué es el INDEC, que jamás reconocerían a un tal Guillermo Moreno. Y que sienten exactamente la misma resignación y el mismo hastío.

Historia II
"Ahora no nos alcanza"El Hogar y Casa del Niño San Martín de Porres, en Moreno, tiene 47 años. Allí van, cada día, 180 chicos de 3 a 14 años.

No sólo desayunan, almuerzan y meriendan, también tienen apoyo escolar, educación física, inglés. Reciben la atención de una asistente social y una psicóloga. Y tienen una biblioteca.Víctor Aranda, director del lugar, cuenta que recibe de Desarrollo Social de la Provincia 74.000 pesos cada dos meses.

Con ese dinero debe comprar toda la comida (preparan viandas para que también se lleven los fines de semana) y pagarle los sueldos a todos los profesionales que trabajan allí. "Ahora no nos alcanza, se hace muy difícil mantener el lugar. Y cada vez tenemos más demanda de gente. En realidad ahora tenemos 30 chicos de más, pero no se les puede decir que no. Son hermanitos de otros que vienen hace tiempo. Son familias que tienen necesidades, no los podemos dejar afuera", dice Víctor.

Historia III

"Hay más demanda"La Fundación El Pobre de Asis mantiene dos comedores comunitarios: en Coghlan (Parroquia Santa María de los Angeles, de los padres franciscanos) alimentan a diario a 180 adultos, mientras que en la Villa 31, en Club Padre Carlos Mugica, Barrio YPF de Retiro, dan asistencia a 400 chicos. "Hay más demanda.

Hay más gente que se acerca a pedir comida", explica a Clarín Alberto Villa Segura, uno de los directores de la Fundación. "Sin dudas el aumento de los precios y el aumento de la demanda de la gente incide en la cantidad y la calidad de los alimentos que se dan", explica Villa Segura. Y cuenta que el comedor de Coghlan tiene subsidio de la Comuna, mientras que el de Retiro lo tiene de la Nación. "Los subsidios se ajustaron, pero no al mismo nivel de los aumentos". ¿Cómo hacen? "Nos ajustamos. Y tratamos de buscar más donantes por otros lados", explica Villa Segura.

Uno de cada tres negocios porteños no tiene habilitación

DATOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Veinte inspectores los están relevando. Con esa información clausurarán locales.

Por: Silvia Gómez

En abril, dos meses después del incendio que consumió por completo el depósito de un cotillón del barrio de Once que no estaba habilitado (ver "Escasos controles..."), el Gobierno porteño inició un relevamiento de las actividades comerciales, industriales y de servicios en Capital que ya arrojó cifras alarmantes: al menos el 30% de los locales no tienen la habilitación correspondiente.

La tarea está a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. Para hacer el trabajo fraccionaron la Ciudad en tres partes. Una de ellas, en la que se desarrolla el 50% de la actividad comercial, acaba de ser totalmente relevada.

Es la que comprende el área de influencia de avenida Rivadavia y el centro porteño, hacia el norte. De este muestreo surgen los datos relacionados con el incumplimientos en las habilitaciones. "Son locales de los que no tenemos ningún tipo de registro", aseguró Juan Pablo Astolfo, jefe de asesores de la Agencia de Control. Astolfo estima que para abril de 2009 todos los locales e industrias de la Ciudad estarán relevados.

Los inspectores -son 20, algunos empleados estatales y otros, estudiantes contratados- trabajan con un dispositivo PDA (tipo palm) en el que suben toda la información que recogen en la calle: fotos, datos de la parcela y la actividad del local o la industria. Luego, todos estos datos formarán parte de una base de datos única. En función de los incumplimientos y las transgresiones los locales recibirán intimaciones o inspecciones.

"Un local que fue habilitado como quiosco pero que de hecho funciona como locutorio recibirá una intimación. El problema más grave es de aquellos que no poseen habilitaciones legales para un geriátrico, un boliche, un depósito o un hotel", explicó Astolfo. Actualmente la Comuna tiene al menos cuatro bases de datos en las que hay registros de las actividades comerciales: denuncias, habilitaciones, ingresos brutos e inspecciones. Y no cruzan información entre sí. La idea de la Agencia de Control es que, una vez que haya concluido el relevamiento, se unifique toda la información para tener más herramientas de control.

Por otro lado le permitirá al Gobierno depurar un registro que actualmente tiene 250.000 habilitaciones vigentes: "Pero el 42% de ellas ya están desactualizadas, porque los locales no funcionan más", aseguró Astolfo.El incendio en el boliche Cromañón, en el que murieron 194 personas, desnudó la escasez de controles y la irregularidad de las habilitaciones en la Ciudad.

Para "lavar" esa imagen Mauricio Macri creó la Agencia de Control a cargo de Federico Young, un funcionario que fue cuestionado por haber participado de un seminario que justificó la represión en los 70 pero logró mantenerse en su cargo.